El ISBN nació en Berlín, a mediados de los sesenta, siguiendo la iniciativa de editores británicos –a la que se adhirió la edición norteamericana– de numerar los libros, identificarlos, darles una matrícula que los individualizara con unos dígitos que identifican al país, editor, título y un dígito de control que valida el código. Es decir, se trata de una iniciativa privada de uso público y voluntaria.
España se adhiere en 1973, con naturaleza pública dado el régimen político del momento, cuando la producción de libros estaba en los 20.000 al año. Hoy va por unos 95.000. El problema se crea cuando el Ministerio de Cultura “sin atender a razones, transfirió el ISBN a Cataluña como si fuera una competencia del Estado, en ese ‘Estatut’ último que tanto ha dado de qué hablar. Y no es una competencia del Estado sino un contrato privado entre la Agencia Internacional del ISBN (ISBN IA) y el Ministerio de Cultura”, informa una fuente competente.
Cataluña no puede tramitar el ISBN entre otras razones porque Londres –sede de la Agencia Internacional– no admite más que una agencia por país, pero el dinero sí que ha sido transferido; igual podría alguien explicar para qué. De hecho, Londres llegó a plantear por escrito al entonces ministro César Antonio Molina la salida de España de la organización.
Para Rafael Martínez Alés, antiguo director del INLE (Instituto Nacional del Libro Español) y de la Agencia Española de ISBN, además de editor, esa cesión de competencias asegura una fragmentación sin razones técnicas, políticas o ideológicas que lo justifiquen, y además “representa la consecuencia no deseada de una extraña vocación intervencionista de determinados políticos que entra en colisión con las aspiraciones y con los intereses de un sector industrial de alto significado cultural y que ha demostrado gran capacidad de sufrimiento, notable tenacidad y que no entiende de fronteras”.
A pesar de algunas informaciones, no parece cierto que la FGEE vaya a cobrar tres euros por ISBN a las editoriales, pues no está establecida aún tarifa alguna. Antes, era gratis. Lo que sí está confirmado es que durante un año, el Ministerio se hará cargo del archivo (de más de un millón de títulos); lo que pase después es un misterio.
Todo este asunto del ISBN –que es una norma ISO, la Standard ISO 2108, de aplicación internacional voluntaria, no obligatoria– parece un rollo macabeo porque es un asunto que no está en la calle, precisamente; sin embargo, es vital para la industria editorial y aledaños –que son muchos– que la gestión se haga bien y sin intereses mercantiles que deriven favores hacia donde no debe haberlos.
Mi fuente, importante pero anónima, asegura que “el código ISBN puede ser origen de buenos negocios y por encima de todo es un foco de publicidad impagable. Los editores y el resto del sector del libro usan en todo el mundo las bases de datos “books in print” para localizar los libros, saber cómo son (páginas, tamaño, encuadernación, etc.)”. Añade que hay que dar un año de tiempo a los editores para que demuestren que pueden hacerlo bien. Aunque admite que “(a los editores) les cuesta entender una norma, o algo homogéneo y común a todos, como beneficio”.
Al parecer, el momento es oportuno ya que el Ministerio había llegado al límite de lo que podía hacer con dinero público y con criterios administrativos. Pero lo iban dejando para más adelante. Un portal como el hecho por la Cámara de comercio alemana, no sería posible que lo hiciera una administración pública pero quizás sí la agencia ISBN española ahora que está en manos privadas. Y parece que ese portal marca la pauta de lo que va a ser en todas partes./Cuarto Poder/LIVDUCA
